La decisión que había sido adelantada este jueves por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se publicó en la Resolución 1092/2024 de la última edición del Boletín Oficial.

En los considerandos se afirma que esas asignaciones “devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública”. 

La resolución se basa en el fallo proscriptivo de la Cámara Federal de Casación Penal, que este miércoles confirmó la condena a la expresidenta en la Causa Vialidad y ratificó la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla "autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

En la resolución se argumenta que "las asignaciones oportunamente otorgadas a favor de la titular, ya sean directas o derivadas, devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”.

Asimismo, se indica que la  “legitimidad de percepción a sus beneficiarios le viene dada por ciertas conductas que tienen que acreditar en función del ejercicio de altos cargos en la Administración Pública" y también "durante la percepción del beneficio”.

En tanto, la resolución afirma que el beneficio previsto por la Ley 24.018 para ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación es una asignación graciable “que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo” y que “no tiene carácter contributivo -esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario- constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor”.