Un integrante de la Asociación Civil en formación “Arco Social” denunció ante la justicia y pidió citar a indagatoria al ministro de Economía Luis “toto” Caputo, funcionarios del ANSES y varios empresarios por utilizar “información privilegiada” para ganar millones en el mundo de las acciones a través de un decreto que posibilitó que Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) disponga de unos $120.000 millones extraordinarios.

La denuncia puntual es por “los delitos de uso de información privilegiada, manipulación del mercado bursátil, defraudación contra la administración pública y, respecto de quienes ostentan cargos en la administración pública; violación de deberes de funcionario público”

Los denunciados son Luis Caputo, Ernesto Allaria, presidente y principal accionista de la Bolsa y Mercados Argentinos, Nicolas Caputo, fundador y principal accionista de ByMA, Marcelo Mindlin, empresario y principal accionista de ByMA, Mariano de los Heros, director ejecutivo del ANSES, y Fernando Bearzi, subdirector ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

El 30 de diciembre del 2024, el Poder Ejecutivo, con la firma del Ministro de Economía Caputo emitió el Decreto 1146/2024, que derogó los artículos 4 y 5 del Decreto N 659 del 29 de agosto de 1974, el cual establecía un límite del 10% sobre los beneficios obtenidos por la Caja de Valores para la distribución de dividendos. Esta entidad pertenece casi en su totalidad al ByMA

La causa cayó en el juzgado de Ariel Lijo, el magistrado nominado por el Gobierno para la Corte Suprema.

Además, la denuncia pide investigar si hubo una asociación ilícita entre los actores mencionados, entre los que también se encuentran el presidente de ByMA Ernesto Allaria y el empresario Marcelo Mindlin.

La acusación sostiene que, tres semanas antes de la publicación del decreto, los implicados recibieron información anticipada sobre la medida. Este adelanto provocó un aumento significativo en el volumen de acciones de ByMA, que subieron entre un 300% y un 500%, lo que hizo disparar su valor. La denuncia señala que la información privilegiada fue proporcionada por Caputo, quien fue el principal responsable del diseño y la implementación del decreto.