

“El cierre de la Secretaría y la eliminación de programas clave como PROCREAR, FONAVI y Casa Propia generan un retroceso en la garantía del derecho a la vivienda”, indicaron desde el gremio. También advirtieron sobre la cancelación de proyectos internacionales financiados por organismos como el BID y el BIRF, afectando la infraestructura básica y la regularización dominial
Según datos del sector, se ha provocado la pérdida de 170.000 empleos directos y 400.000 indirectos en la construcción, con 500.000 puestos en riesgo. “El Gobierno no solo atenta contra el empleo estatal, sino que empuja al colapso a toda la industria de la construcción”, remarcaron.
Desde ATE exigieron la inmediata revisión de estas medidas y convocaron a la sociedad a movilizarse contra un ajuste que, según denunciaron, destruye empleos, paraliza la economía y vulnera derechos esenciales.