La intervención federal es una herramienta constitucional que permite al Gobierno nacional asumir el control de una provincia en situaciones extraordinarias. Aunque es una medida extrema, la Constitución Argentina prevé su aplicación en casos específicos, con el objetivo de preservar el orden institucional y la estabilidad del país.

La Constitución Nacional, en su artículo 6°, establece que el Gobierno federal puede intervenir una provincia cuando sea necesario para:

Garantizar la forma republicana de gobierno.

Repeler invasiones exteriores.

Restablecer autoridades legítimas en caso de sedición o invasión de otra provincia.

En estos escenarios, el Gobierno nacional puede reemplazar temporalmente a las autoridades locales mediante un interventor, designado para restablecer el orden.

La intervención federal no puede ser decretada unilateralmente por el Presidente. De acuerdo con el artículo 75, inciso 31, la facultad de intervenir una provincia o la Ciudad de Buenos Aires corresponde al Congreso Nacional.

Sin embargo, en casos urgentes, el Presidente puede disponer la intervención durante el receso del Congreso, aunque la medida deberá ser aprobada o revocada posteriormente por el Poder Legislativo.

La intervención federal en Argentina es un mecanismo de última instancia diseñado para garantizar el orden institucional y el respeto a la Constitución. Si bien ha sido utilizada en varias oportunidades a lo largo de la historia, su aplicación está sujeta a límites legales y control político, para evitar que se convierta en una herramienta de abuso por parte del Gobierno central