Para Maqueda, la postura del Senado debe prevalecer sobre el decreto, en un claro respaldo a la independencia de los poderes del Estado.

El decreto presidencial de Milei: una "bravuconada"

El exjuez calificó como «una bravocunada» el decreto presidencial que nombró a García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema en comisión. Maqueda recordó que la designación de jueces es un acto complejo, que debe involucrar tanto al Ejecutivo como al Legislativo. La propuesta del Ejecutivo debe ser seguida por el acuerdo del Senado, tal como lo establece la Constitución Nacional.

Maqueda remarcó que la excepción histórica de los nombramientos en comisión, permitida desde la reforma de 1860, ya no tiene lugar en la actualidad, dado que el Congreso está plenamente en funcionamiento y no justifica la designación de jueces de forma temporal como ocurría en el pasado, cuando el Congreso solo se reunía por cinco meses al año.

La postura de Ricardo Lorenzetti en contra de los nombramientos por decreto

Ricardo Lorenzetti, otro miembro de la Corte Suprema, también se mostró crítico respecto a los nombramientos por decreto. En declaraciones recientes, Lorenzetti dejó en claro que nunca aceptaría ser nombrado por decreto presidencial, y recordó que en su momento, la Corte recomendó al presidente Macri no seguir ese camino. La postura de Lorenzetti resalta la necesidad de respetar los procedimientos establecidos por la Constitución para la selección de jueces, garantizando así la independencia judicial.

La respuesta del Gobierno ante el rechazo del Senado

A pesar del rechazo del Senado, el Gobierno de Javier Milei sigue defendiendo el nombramiento de García-Mansilla como juez de la Corte. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió la validez del nombramiento y afirmó que la Corte ya le tomó juramento a García-Mansilla, lo que, según él, hace improbable que alguien cuestione la constitucionalidad del nombramiento. Francos subrayó que el nombramiento de García-Mansilla tiene validez hasta el 30 de noviembre, lo que refleja el respaldo del Ejecutivo al proceso de designación, a pesar de la oposición legislativa.