Ambas normas fueron ratificadas por el Congreso el 2 de octubre, tras rechazar los vetos del presidente Javier Milei, por lo que a la administración libertaria no le quedó otro camino que promulgar las leyes. Y lo hizo con los decretos 759/2025 y 760/2025 publicados en el Boletín Oficial, pero no habilitó las partidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

En este contexto, el Ejecutivo mantiene la misma postura en relación con las normas que autorizan recursos para las universidades y el hospital Garrahan, y sostiene que debería ser el propio Congreso, a través del Presupuesto 2026, quien defina cómo aumentar los recursos.

FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

Según los cálculos oficiales, la ejecución total de la ley tendría un costo de aproximadamente $1,07 billones en 2025, considerando la recomposición de salarios y becas. Para 2026, se estima que la ley demandará más de $2 billones. Sin embargo, la aplicación de la ley quedará suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento.

La normativa establece que el Poder Ejecutivo debe definir las partidas presupuestarias del programa “Desarrollo de la Educación Superior” para asegurar el ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes, además de incrementar recursos para tecnología, investigación, extensión universitaria y formación del personal docente. También contempla la actualización de los salarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la incorporación de sumas no remunerativas y no bonificables a los básicos.

LEY DE EMERGENCIA PEDIÄTRICA

La ley contempla un costo fiscal estimado de $196.270 millones, y establece que los recursos provendrán de la reasignación de partidas dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y de reservas destinadas a contingencias sanitarias. Sin embargo, el decreto advierte que esta asignación no constituye una fuente de financiamiento concreta ni suficiente, y que actualmente el Ministerio presenta un déficit de $102.400 millones. Por ello, el Ejecutivo aclara que la ley queda suspendida hasta que el Congreso determine fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto nacional.