Se trató de jefes comunales alineados al gobernador Axel Kicillof y otros que responden a Máximo Kirchner, quienes esta vez se unieron para meterle presión al Gobierno para que envío recursos, reactive obras y retrotraiga el precio de los combustibles al 1 de marzo, tras el salto en torno al 23% que tuvo desde el inicio del conflicto en Medio oriente.

La movida organizada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, contó con la presencia de un centenar de intendentes. Y culminó con la entrega de un petitorio para Caputo, aunque el funcionario nacional no estaba en el lugar ya que disertaba en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

"El reclamo es federal, incluye a todos los intendentes más de 150, intendentes de todo el país, no es una provincia, es todo el país. Exigimos al Gobierno nacional que baje el litro del combustible y que además hagan las obras que con el fondo tienen la obligación y responsabilidad”, explicó Katopodis en el lugar.

“Es un fraude, un robo, es un delito que se queden con la plata de todos los que cuando cargan el tanque de nafta, una parte de ese valor va a una cuenta para hacer obras", agregó el ministro de Kicillof, que estuvo acompañado por otros integrantes del Gabinete como Carlos Bianco, Cristina Álvarez Rodríguez y Silvina Batakis.

De acuerdo a un informe del Instituto Argentina Grande, en el acumulado de dos años y cuatro meses de gestión, el actual Gobierno de Javier Milei lleva recaudados, $6,1 billones a través de impuestos que no fueron ejecutados para obras de infraestructura como establece la ley. Este monto se compone de $3,1 billones del ex impuesto PAIS y de $3 billones derivados del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Según informaron desde el entorno del Gobierno de Kicillof, en más de dos años de gestión libertaria “no se construyó ni un solo kilómetro de ruta”, tampoco realizaron “mantenimiento y mucho menos proyectaron invertir para la transformación de autopistas o autovías de las vías estratégicas del país”. De la misma manera, no destinaron recursos para “obras hídricas, hidráulicas, sanitarias, educativas e infraestructura social que permitirían a la Argentina no estancarse y avanzar hacia el desarrollo productivo de su población”.

En ese contexto, Espinoza puso el énfasis en que no solo fueron jefes comunales peronistas, ya que había representantes de Entre Ríos y otras provincias. "El desastre al que nos está llevando la política económica de este Gobierno, la baja en la coparticipación en prácticamente en un 24% promedio, no hay recursos, hay intendentes vecinalistas, radicales, justicialistas, de Juntos por el Cambio, de todos los colores políticos", dijo el matancero, quien resumió el reclamo como un "hecho histórico".

“¿Qué hacemos con la gente que se endeuda para llegar a comer? Esto nunca pasó en la Argentina. Milei vive en una realidad de videojuegos. Están quebrando todos nuestros productores de las economías regionales, y en las grandes ciudades industriales están cerrando miles de empresas todos los días”, agregó.

Por su parte, Ariel Sujarchuk (Escobar) advirtió sobre la crítica situación que atraviesan los municipios y apuntó contra el rumbo económico. “El objetivo de esta jornada es hacer pública la situación que estamos viviendo los intendentes, en representación de nuestros vecinos. Somos quienes convivimos todos los días con la gente”, sostuvo.

Además, cargó contra el Ministerio de Economía al considerar que “es cínico y agresivo” al responsabilizar a los municipios por la presión impositiva. “Se cargan sobre las tasas municipales cuando, en realidad, son los tributos nacionales los que encarecen los costos. Necesitamos que bajen esos impuestos y que se hagan cargo de las rutas”, reclamó.

En tanto, Ricardo Marino (Patagones) remarcó la necesidad de fortalecer una postura conjunta frente al Gobierno. Y agregó: “Necesitamos que el Gobierno nacional escuche al gobernador bonaerense. Este petitorio surge del ajuste que nos ha perjudicado notablemente y hoy, en mi pueblo, ya hay hambre”, concluyó.

Todos los alcaldes coincidieron en que son los gobiernos locales la primera línea de contención social. Sin asistencia, señalaron, se vuelve cada vez más difícil sostener servicios básicos en los territorios. En ese contexto, muchos insistieron en la necesidad de judicializar los reclamos ante la falta de respuestas.