El Poder Ejecutivo Nacional remitió al Senado un nuevo proyecto de ley denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, una iniciativa que marca una ruptura directa con el esquema de asistencia vigente. Este movimiento se produce tras la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y tiene como objetivo reemplazar la actual Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793), normativa que había sido blanco de diversos fallos judiciales adversos para la actual gestión.

El proyecto propone un giro radical en las políticas públicas del sector, desplazando el enfoque de la contención social hacia un modelo centrado casi exclusivamente en la fiscalización. Según el articulado, se endurecerán drásticamente las condiciones y requisitos para acceder al beneficio, bajo la premisa oficial de eliminar supuestas irregularidades. Esta lógica de control se presenta como el pilar fundamental de la nueva estructura que el Gobierno busca imponer en el área.

Como era previsible, la propuesta ya ha desatado una ola de polémicas y fuertes críticas desde diversos sectores. Organizaciones sociales, asociaciones civiles y defensores de los derechos de las personas con discapacidad advierten que el endurecimiento de los criterios no es más que un mecanismo para reducir el gasto público a costa de los sectores más vulnerables, desprotegiendo a quienes dependen de esta asistencia básica para su supervivencia.

El debate en la Cámara Alta promete ser intenso, ya que la iniciativa pone en tensión la concepción de la discapacidad como un derecho humano frente a una mirada que busca restringirla bajo una lógica de auditoría administrativa. Mientras el oficialismo justifica la medida bajo el argumento de la transparencia, la oposición y el colectivo de personas con discapacidad preparan su defensa contra lo que consideran un avance sobre derechos adquiridos y una desmantelación del sistema de protección social.