El fiscal federal Ramiro González imputó al ex titular de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y antiguo asesor del presidente Javier Milei, e impulsó una investigación penal por supuestas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de la compañía estatal durante su gestión, antes de que termine yéndose en febrero pasado. Es una de las empresas públicas que La LIbertad Avanza busca privatizar.
La causa comenzó tras una denuncia realizada por la diputada nacional Marcela Pagano, que también involucró a miembros del directorio, la sindicatura y funcionarios relacionados con el uso de una tarjeta corporativa correspondiente a la cuenta N° 338402 en viajes al exterior, donde encontraron gastos como servicios de playa, bares, peluquerías y adelantos de efectivo en el exterior.
En el requerimiento de instrucción, el fiscal pidió determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes en la utilización y administración de la tarjeta corporativa correspondiente a la cuenta N° 338402 emitida a nombre de Nucleoeléctrica Argentina S.A., durante el período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026”, momento en el que Reidel fue echado del directorio en medio de escándalos por sospechas de corrupción.
La denuncia se presentó tras el informe de gestión presentado en la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el cual se incorporó un “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402”, elaborado en respuesta a un pedido de acceso a la información formulado por la diputada Florencia Carignano.
En el caso, a cargo del juez federal Sebastián Ramos, se menciona posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el pedido de instrucción, González también involucró a integrantes del Directorio y de la Sindicatura de la empresa por una supuesta omisión en las tareas de control, supervisión y autorización de los gastos corporativos efectuados.
De acuerdo al dictamen fiscal, el reporte incluía fechas, descripciones de operaciones e importes en pesos y dólares correspondientes a consumos efectuados entre marzo de 2025 y febrero de 2026. El fiscal afirmó que del análisis preliminar de esos movimientos “surgirían erogaciones que, prima facie, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”.
Además, González señaló que la documentación presentada no permitía identificar al titular ni al usuario responsable de cada operación, ni aclaraba si los consumos fueron realizados con una sola tarjeta o con plásticos adicionales.
No había una rendición documentada sobre el destino institucional de cada uno de los gastos incluidos en el informe. En su denuncia, la diputada nacional Marcela Pagano sostuvo que aun si las erogaciones hubiesen sido realizadas en viajes oficiales, “los consumos observados resultarían incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos”.
Como primeras medidas de prueba, el fiscal solicitó incorporar formalmente el reporte de gastos al expediente e identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa investigada. Además, pidió información bancaria detallada sobre cada operación efectuada, incluyendo fecha, comercio, monto y usuario de la tarjeta utilizada.
El fiscal destacó además que “el reporte no individualizaba al titular ni al usuario responsable de cada operación, ni precisaba si los consumos habían sido efectuados mediante un único plástico o varios adicionales, como tampoco contenía una rendición documentada del destino institucional de cada gasto”.
Demian Reidel presentó su renuncia a Nucleoeléctrica Sociedad Anónima el 9 de febrero pasado tras haber sido denunciado por diversos hechos de corrupción que involucran sobreprecios en productos y servicios del organismo.
La primera denuncia involucró irregularidades en una licitación del servicio de limpieza de las centrales nucleares de Atucha que habría implicado un sobreprecio estimado en más del 140% respecto del contrato vigente y de los valores históricos del servicio.
Luego, el entonces titular de Nucleoeléctrica recibió una nueva denuncia por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE): lo acusan de haber adquirido un software para las centrales por siete millones de dólares, un sobreprecio que supera el 1000%.
Reidel también quedó en la mira a fines de enero por haber saldado deudas personales por 825 millones de pesos en apenas 18 días. Aunque rechazó las acusaciones. Aseguró que el dinero lo obtuvo de operaciones “transparentes” que “constan en su declaración jurada”, pero por el momento no pudo comprobarse.