El vicepresidente primero del Senado bonaerense, Mario Ishii, presentó un proyecto de ley para declarar la “Emergencia Humanitaria y Sanitaria” en la provincia por el plazo de un año, en medio de un escenario marcado por el incremento de la demanda en hospitales públicos y centros de atención primaria.
La iniciativa propone habilitar medidas extraordinarias para fortalecer el sistema sanitario, garantizar la provisión de medicamentos, vacunas, tratamientos y prestaciones básicas, además de permitir reasignaciones presupuestarias y mecanismos de compra directa para atender situaciones urgentes.
“No existe prioridad superior a proteger la vida y la salud de las personas, por ser un Derecho Humanó fundamental” aseveró el vicepresidente 1° del Senado Bonaerense, Mario Alberto Ishii.
El Proyecto de Ley presentado por el senador formula una definición, la Provincia de Buenos Aires asume nuevamente una responsabilidad de garantizar derechos.
La declaración de Emergencia Humanitaria y Sanitaria de la provincia de Buenos Aires solicitada, brindaría así una inmediata respuesta Institucional urgente, frente a un contexto de agravamiento de la salud y la desigualdad social ya manifestada también en todo el país.
“No existe prioridad superior a proteger la vida y la salud de las personas”.
“La presente Emergencia tendrá como prioridad absoluta”: Garantizar medicamentos esenciales.
“Asegurar vacunas e insumos sanitarios”.
“Garantizar tratamientos oncológicos”.
“Fortalecer hospitales públicos”.
“Reforzar programas respiratorios y preventivos”.
“Fortalecer la salud mental y la contención psicológica”.
“Garantizar asistencia sanitaria Integral a los sectores vulnerables”.
Ishii apunta también a la deuda del Estado Nacional: La interrupción, reducción o desfinanciamiento de programas nacionales vinculados al acceso a medicamentos para combatir el cáncer, vacunación, discapacidad y tratamientos médicos han profundizado gravemente la crisis sanitaria existente.
La suspensión del Programa Remediar ha dejado sin provisión regular de medicamentos esenciales a hospitales y centros de atención primaria de toda la Provincia de Buenos Aires.
Asimismo, se registran graves dificultades en la provisión de vacunas y medicamentos destinados a adultos mayores mediante programas nacionales vinculados a PAMI, comprometiendo la prevención sanitaria de sectores vulnerables frente al periodo invernal.
También se observan restricciones y demoras en programas y prestaciones destinadas a personas con discapacidad, afectando cobertura de tratamientos, medicamentos y asistencia integral.
Ishii deja en claro las responsabilidades de Nación y la provincia de Buenos Aires y las enfrenta:
“Asimismo, se registran demoras y falta de abastecimiento en programas asistenciales de ayuda en alimentos y prestaciones, incluyendo provisión de medicamentos, insumos descartables, programas preventivos y programas sanitarios vinculados a enfermedades respiratorias estacionales, siendo el accionar del programa de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) de vital importancia.
La Provincia de Buenos Aires enfrenta una fuerte presión financiera producto de la contracción de recursos nacionales: La insuficiencia de abastecimiento sanitario y la falta de respuestas operativas adecuadas han profundizado la presión sobre hospitales municipales y centros de atención primaria.
La falta de respuestas insuficientes entre Nación y Provincia ha trasladado a los municipios una carga sanitaria y social extraordinaria, superando en numerosos casos sus capacidades financieras y operativas.
“Esta crisis económica, social y sanitaria ha producido además un grave deterioro en la salud mental en la población, registrándose un incremento incesante de consultas psicológicas y psiquiátricas, situaciones de angustia social, padecimientos emocionales y conflictos vinculados al deterioro de las condiciones de vida”.

Documentos como la Organización de las Naciones Unidas ONU y la Organización Mundial de la Salud sostienen que el derecho a la salud forma parte de los derechos humanos básicos.
En estos momentos, en nuestro país aparecen tensiones entre distintos derechos y necesidades: salud, libertad individual, seguridad, trabajo, educación, privacidad, entre otros.
Los sistemas democráticos y el derecho internacional intentan equilibrarlos mediante leyes, controles institucionales y principios de proporcionalidad.
La idea de que la dignidad humana debe estar en el centro de las decisiones públicas es uno de los pilares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“Donde hay una necesidad, nace un Derecho”.