La situación económica (que involucra la recesión económica, el aumento de la inflación al 20 por ciento anual y la compra de combustible de mala calidad), el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y la ruptura del contrato electoral del presidente Rodrigo Paz Pereira son las razones que la expresidenta de la Cámara de Senadores (2019) y politóloga, Adriana Salvatierra, consideró que están detrás del aumento de la protesta social en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Si bien la pérdida de legitimidad del gobierno es notoria para Salvatierra, Rodrigo Paz ganó las elecciones en 2025 triunfando en más de 280 municipios de los más de 335 que tiene el país y hace poco, en las elecciones de alcaldes y gobernadores, solo se impuso en 39 municipios, el pedido de renuncia no viene solo de las calles. Es también la propia derecha aliada del Presidente la que impulsa un proceso para destituir al Jefe de Estado.

Contrario a lo que publican varios medios de comunicación argentinos en las últimas horas, Salvatierra despegó a Evo Morales del aumento de la conflictividad social. “Han tomado una dimensión que trasciende el liderazgo del expresidente”, aseguró Salvatierra.

Manifestantes se enfrentan con la policía en una jornada de protestas este lunes, en La Paz (Bolivia). Simpatizantes del exmandatario Evo Morales (2006-2019) marchan a la sede del Ejecutivo y Legislativo, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Un miembro de la COB resultó herido durante los disturbios registrados cerca del centro político paceño, donde manifestantes intentaron avanzar hacia Plaza Murillo para exigir la renuncia del presidente Paz.

La Policía utilizó agentes químicos para dispersar a los movilizados, quienes respondieron con petardos, palos con clavos y explosivos. Los enfrentamientos provocaron momentos de tensión y obligaron al repliegue de personas que transitaban por el sector.

Con estas protestas, una vez más, la sede de gobierno fue colapsada, mientras la Plaza Murillo, donde está el Palacio, se encuentra con fuerte custodia policial y militar.

Entre los movilizados están las organizaciones afines al expresidente Evo Morales, que llegaron a La Paz después de siete días de marcha; la Central Obrera Boliviana (COB), que desde hace varias semanas mantiene una serie de protestas; los sindicatos de campesinos, que también bloquean carreteras; y los maestros rurales, entre otros sectores.

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, calificó como “delincuencial e ilegal” el uso de explosivos en protestas y señaló que las personas involucradas serán procesadas penalmente.

“Todos tienen derecho a marchar, perfecto, pero no tienen derecho a cometer delitos”, enfatizó.

Finalmente, convocó a los movilizados a ejercer sus protestas de manera pacífica y aseguró que las fuerzas del orden continuarán actuando bajo parámetros de respeto a los derechos humanos.