La marcha central, en la Ciudad Atónoma de Buenos Aires, comenzó en la puerta del Ministerio de Salud de la Nación y se dirigió hacia Plaza de Mayo, junto a sindicatos, agrupaciones de pacientes, organizaciones sociales y médicas, bajo la consigna "La salud no puede esperar".

Esta iniciativa buscó visibilizar la fuerte crisis en el sector y el rechazo al plan que lleva adelante el Gobierno Nacional a través de la cartera que comanda el ministro Mario Lugones; asimismo, contó con el apoyo del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak.  Kicillof, en conferencia de prensa describió los efectos de la política del gobierno nacional y la calificó como criminal: «Estamos teniendo 60% de internaciones evitables, por neumonía, y todavía no empezó el invierno y ya tenemos una saturación del sistema sanitario, 80% de las camas ocupadas. 40% de descompensación por diabetes. La política de abandono de la salud del gobierno nacional de Javier Milei mata. Es criminal lo que están haciendo».

Tanto el Foro por el Derecho a la Salud como los gremios que representan a los trabajadores del sector y sindicatos que adhirieron a la convocatoria - Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio integrado por gremios como UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros y Molineros, además de más de 140 organizaciones de distintas centrales obreras- denunciaron un recorte presupuestario de unos 63.000 millones de pesos en las partidas públicas sanitarias, por ese motivo, exigen frenar el "desguace" del sistema.

El ajuste, de acuerdo al documento que se cmopartió en la movilización, genera consecuencias concretas sobre la salud de la población: más de 742 mil personas perdieron su cobertura médica, el Programa Remediar pasó de distribuir 79 medicamentos gratuitos a solo 3, dejando sin acceso a más de 20 millones de personas, y el presupuesto del PAMI fue recortado un 40%, con deudas que superan los $500.000 millones a prestadores, dejando a jubiladas y jubilados sin turnos ni atención.

La movilización también puso en agenda el desmantelamiento de políticas sanitarias esenciales, como la eliminación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA) de salud reproductiva adolescente, el desfinanciamiento del Calendario Nacional de Vacunación -que ya derivó en un brote de sarampión y un aumento de casos de coqueluche, hepatitis A y meningitis -, la destrucción del Instituto Nacional del Cáncer y del Instituto de Medicina Tropical, y la supresión de la autonomía de los hospitales nacionales.