En las últimas horas, distintos espacios sindicales y políticos salieron a repudiar la medida y denunciaron que se trata de una “intervención política disfrazada de resolución judicial”.

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su rechazo a través de un comunicado publicado en redes sociales. La central obrera sostuvo que la decisión representa “un nuevo ataque contra las organizaciones sindicales” y advirtió sobre la judicialización de la vida interna de los gremios.

🚨¡NO A LA INTERVENCIÓN DE LA UOM!

Rechazamos enfáticamente cualquier intento de la Justicia que avance sobre la libertad y la organización del movimiento obrero. Intervenir un sindicato es atacar la autonomía de las y los trabajadores.

La defensa de la democracia sindical no… pic.twitter.com/WspGN1hiGq

— CGT (@cgtoficialra) May 22, 2026

En la misma línea se pronunció el sindicato de Camioneros, que calificó la intervención como una maniobra contra el movimiento obrero organizado y manifestó su solidaridad con la conducción metalúrgica encabezada por Abel Furlán. 

La organización La Cámpora también cuestionó la decisión judicial y la vinculó con un intento de disciplinamiento sobre los gremios. “No es justicia, es persecución”, señalaron desde el espacio político en un mensaje difundido en X. 

Repudiamos todo intento de la justicia de avanzar contra la democracia sindical y la libertad de organización de los trabajadores y trabajadoras.

Hace solo un mes, el gobierno nacional pidió que se extienda cinco años más el mandato del juez Víctor Pesino.

Ya llegó la…

— La Cámpora (@la_campora) May 22, 2026

El caso también fue abordado por distintos dirigentes sindicales y políticos en medios nacionales.  Sectores del sindicalismo interpretan la intervención como parte de una “operación” contra la conducción actual de la UOM y contra el conjunto de las organizaciones gremiales que mantienen posiciones críticas frente al gobierno nacional. 

Por su parte, dirigentes sindicales que definieron la medida como “una intervención política disfrazada de resolución judicial”. Allí también advirtieron sobre el impacto institucional que podría tener el avance judicial sobre la autonomía sindical. 

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), una coalición que nuclea a más de 140 organizaciones sindicales, emitió un comunicado que calificó el fallo como un “grave ataque contra las organizaciones que luchan junto a sus trabajadores”.