. La cifra quedó establecida en 685.000 millones de pesos, un cálculo que fue cuestionado por las defensas por arbitrariedad, falta de fundamentación, violación del principio de imparcialidad, entre otras objeciones. Pero los tres supremos –Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz– rechazaron los recursos con la aplicación del famoso artículo “280” del Código Procesal Civil y Comercial, que los exime de fundamentar lo que resuelven. Simplemente dicen que un planteo es inadmisible, como si un caso que incluye condena, detención y medidas patrimoniales sobre una expresidenta no tuviera ninguna relevancia institucional.
Es la misma tónica con la que la propia Corte confirmó el 10 de junio del año pasado la condena contra CFK a seis años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargos públicos, sin analizar un proceso que estuvo plagado de irregularidades denunciadas por las defensas, en un tiempo récord para un caso de esta magnitud (dos meses y diez días). En ese momento, los cortesanos dejaron todo dado para la detención de la dos veces presidenta. La nueva resolución no implica la ejecución del decomiso sino la confirmación de la estimación de un valor.
Cuando dictó la condena, en diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) fijó el decomiso de bienes en 84.835.227.378,04 pesos. Tras la confirmación de la Corte, los jueces ordenaron actualizar esa cifra. Intervinieron para eso el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, peritos de las defensas y del Ministerio Público Fiscal. No hubo entre ellos homogeneidad de criterio entre los especialistas.
La perito oficial interpretó que debían hacer una actualización que tomara como referencia la fecha de la sentencia y que aplicara el índice de precios al consumidor (IPC) del INDEC. Con esa metodología llegó a la cifra de 684.990.350.139,86 pesos. Las expertas del Ministerio Público Fiscal dijeron que se desconocían las fechas originales en virtud de las cuales el TOF2 había calculado el monto original y, al carecer de otras precisiones, hicieron cálculos genéricos con métodos variados. Según planteó la defensa de la expresidenta, estas técnicas planteaban diferencias de hasta 600 por ciento. Su perito dijo que compartía la opinión de los fiscales en cuanto a la falta de parámetros y que había que tener en cuenta las fechas de adjudicación de las obras viales que se habían analizado hasta el presente utilizando tasas de interés pasivas. Según ese cálculo, la cifra era de 42.494.357.845,17 pesos. El TOF2 eligió la posición de la perito oficial.
Los argumentos que planteó la defensa de CFK, a cargo de Carlos Beraldi, señalan centralmente: la violación del derecho de defensa en juicio, del derecho de propiedad y del principio de imparcialidad judicial, la transformación de una cifra provisoria en definitiva, arbitrariedad, falta de fundamentación en la selección del método de actualización escogido, violación al principio de igualdad ante la ley.
El recurso extraordinario señalaba, entre otras cosas, que el TOF2 “estaba obligado a explicar, minuciosamente, por qué escogió una metodología por sobre la otra, máxime cuando los peritos propuestos por la Fiscalía y por esta defensa coincidieron en punto a que resultaba posible aplicar en el caso como criterio de actualización tasas de interés pasivas”. También advirtió que el mismo tribunal había señalado en otras sentencias que no era apropiado utilizar el IPC para el cálculo sino que había que recurrir a tasas bancarias.
El propio tribunal oral –que integran Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso– rechazó los cuestionamientos de las defensas. La Cámara de Casación –Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky– siguió la misma línea y confirmó los 684 mil millones. La discusión desembocó entonces en la Corte, con el resultado de este jueves.
Lo que todavía queda pendiente, también ante el más alto tribunal, es una decisión respecto de los bienes que podrán quedar afectados por el decomiso. El TOF2 dijo que la medida aplica a los bienes relacionados con el delito, de modo que entraría en juego qué bienes fueron adquiridos fruto de movimientos de dinero con el que el Estado le pagó a Lázaro Báez por las obras viales. En el caso de CFK deberían coincidir con la adquisición de ciertos bienes de la familia Kirchner. Pero en su momento la fiscalía del juicio oral, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, sostuvo que en el caso de la expresidenta hay 22 bienes decomisables. El problema es que buena parte de ellos fueron incorporados al patrimonio mucho antes de estas obras y del decreto del año 2009 por el que se acusó a la exmandataria, por ejemplo en los noventa. A eso la defensa agrega que los Kirchner tuvieron tres sobreseimientos por supuesto enriquecimiento y sus bienes fueron reconocidos como legítimos. Esa es la discusión central que viene, que abarca también si el decomiso aplica a Máximo y Florencia Kirchner.
