El expediente, que tomará estado parlamentario en la segunda sesión ordinaria del año, establece que la Provincia asumirá los gastos de funcionamiento de los patrulleros afectados a la Policía Bonaerense por todo concepto, de modo que las comunas dejen de afrontar con recursos propios el mantenimiento de esos vehículos.

En la actualidad, el gobierno provincial transfiere recursos a los 135 municipios a través el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad para que adquieran y mantengan los móviles policiales. Sin embargo, Ishii apunta que esos recursos «son insuficientes» y que son las comunas las que terminan solventando el resto de los gastos, ya sea de nafta, seguros, arreglo de los autos y repuestos.

Por esto, el texto establece que el Ministerio de Seguridad «será responsable del financiamiento integral del mantenimiento preventivo y correctivo, reparación, conservación, adquisición de repuestos, neumáticos, contratación de seguros y demás gastos necesarios para garantizar la operatividad de los vehículos afectados a la Policía de la Provincia de Buenos Aires».

También aclara que «cuando los fondos enviados resulten insuficientes, la diferencia deberá ser financiada exclusivamente por el Estado bonaerense» y agrega que «ningún municipio podrá ser obligado a destinar recursos propios para mantener bienes pertenecientes a la Policía provincial».

En los fundamentos, Ishii recuerda que la seguridad es una responsabilidad exclusiva del Estado provincial. «La seguridad pública constituye una competencia propia y exclusiva de la Provincia de Buenos Aires», remarca al recordar que, tanto la Constitución bonaerense como la Ley 12.154 atribuyen al Poder Ejecutivo la conducción de la Policía provincial.

El senador reconoce que los programas de fortalecimiento de la seguridad permitieron mejorar la cooperación con los municipios, pero advierte que «la experiencia demuestra que los recursos transferidos son insuficientes para cubrir la totalidad de los gastos derivados del funcionamiento del parque automotor de la Policía Bonaerense», por lo que muchos distritos terminan afrontando con fondos propios reparaciones mecánicas, compra de neumáticos, repuestos, combustible y seguros.

Para Ishii, esa situación «genera una evidente distorsión en la distribución constitucional de competencias», ya que si la seguridad es responsabilidad provincial «también debe serlo el financiamiento de los medios materiales indispensables para su prestación». En la misma línea, advierte que obligar a los municipios a solventar esos gastos restringe su autonomía financiera y afecta recursos destinados a otros servicios públicos.