La demanda tiene su origen en la expropiación de la aerolínea de bandera, dispuesta en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández. En 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) condenó a la Argentina a pagar cerca de US$ 321 millones, más intereses y costas, por la expropiación de las participaciones accionarias en Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas.

Luego de que el pedido de anulación presentado por el Estado argentino fuera rechazado, el laudo quedó firme en 2019. Posteriormente, Titan Consortium, que adquirió los derechos económicos derivados de esa decisión como cesionario de Teinver y otros demandantes, solicitó en 2021 el reconocimiento y la ejecución del laudo ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

En 2024, ese tribunal rechazó el planteo de Argentina, que sostenía que la acción había prescripto a los tres años, y determinó que el plazo aplicable era de doce años. En consecuencia, reconoció el laudo del CIADI por US$ 390.907.115,55 al 10 de diciembre de 2024, más los intereses posteriores.

El Estado argentino apeló esa decisión, insistiendo con la aplicación del plazo de prescripción de tres años. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó el fallo de primera instancia y ratificó que el plazo de doce años es el que corresponde aplicar, dejando firme la condena por un monto superior a los US$ 390 millones, más los intereses que sigan devengándose.

Tras conocerse la resolución, la Procuración del Tesoro informó que analiza “todas las herramientas legales disponibles para revertir o al menos mitigar el impacto de esa sentencia” y sostuvo que la causa se originó “en la herencia que arrastramos por décadas, producto de políticas estatistas y del costo institucional de volver a levantar un país que heredamos con más de US$ 30.000 millones en deudas por juicios perdidos.”