Cristina Fernández anunció que realizó una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por su condena en la causa vialidad. En una carta publicada hoy, la ex presidenta aseguró que en el proceso en Argentina fue víctima de “graves violaciones de derechos humanos» y que el objetivo fue proscribirla “de la vida política” e “impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas”. 

La presentación ante la ONU está patrocinada por los abogados Javier Borrego de España y Rafael Valim, de Brasil. Los letrados brindaron una conferencia de prensa junto al abogado argentino de la ex presidenta Carlos Beraldi. 

Explicaron que presentaron una medida cautelar para pedir la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que permitiría que la ex presidenta vuelva a presentarse en una elección.

Valim dijo que en la presentación se pide una medida cautelar para suspender la inhabilitación de Cristina y también un reclamo por la cuestión de fondo: “Hay un pedido cautelar de suspensión de la inhabilitación perpetua para que de inmediato el comité suspenda hasta la decisión de fondo esta sanción”. Además destacó que esta decisión contradice precedentes del comité: “El comité no permite  inhabilitaciones perpetuas”.

El abogado español Javier Borrego dijo que el pedido es que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tome conciencia de que el proceso contra la ex presidenta estuvo plagado de irregularidad y tuvo el objetivo de inhabilitar de por vida.

“Se ha puesto de manifiesto como se ha ido desarrollando todo el proceso para poder condenarla porque lo importante era una condena que llevara consigo la inhabilitación, porque lo importante es excluir a una mujer dos veces presidenta elegida de una futura contienda electoral”, destacó Borrego.

Borrego señaló que es posible acudir al Comité de Naciones Unidas porque “Argentina ratificó el pacto de derechos civiles y políticos, que según la reforma de la Constitución Nacional del ‘94 tiene jerarquía constitucional”.

Valim también dijo que “Las decisiones del Comité son vinculantes, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas”.

“El dictámen del Comité es una decisión que debe ser respetada por el Estado argentino, puede condenar al Estado argentino a que revise las decisiones y que cumpla las cautelares que pedimos», agregó.

Sobre los tiempos del proceso, el abogado brasilero explicó que las resoluciones cautelares pueden salir en cuestión de meses y la decisión de fondo pueden tardar algunos años.