La propuesta del gobierno de Javier Milei elimina los límites vigentes para la venta de tierras rurales a extranjeros, con la única excepción de las zonas de frontera, cuya autorización quedará sujeta a una doble aprobación de la Nación y de las provincias. El texto también habilita la posibilidad de desalojos y modifica la ley del manejo del fuego.

La ley vigente, sancionada en 2011, establece que los extranjeros no pueden ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales del país, prohíbe la compra de campos en zonas de frontera y fija un límite de 1000 hectáreas en la zona núcleo.

Tras un encuentro, en medio de las vacaciones, entre la líder del bloque libertario Patricia Bullrich y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el oficialismo confía en que esta vez el proyecto superará la instancia del Senado. “Quedó un texto muy amable para quienes lo acompañan”, dijo un libertario sin dar mucho detalle de la iniciativa.

En el último borrador, el número 15, la redacción acordada con bloques aliados había generado cortocircuito con los funcionarios de la cartera de desregulación por la potestad entre provincias y Nación del porcentaje de venta de tierras. 

En la redacción se enuncia que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites de conformidad con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional”, y que los extranjeros gozan de los derechos reconocidos por el artículo 20 de la Constitución Nacional.

De esta manera, el dictamen sostiene que: “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

Asimismo, detalla: “La autorización prevista en el inciso b) se regirá por el régimen de silencio administrativo de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias, operando el vencimiento del plazo como una autorización de pleno derecho. Este régimen de silencio administrativo comenzará a regir a los 180 días corridos a la entrada en vigor de la presente ley.

La misma situación se repite en “la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por extranjeros», que se regirá por las disposiciones, excepciones y procedimientos establecidos en el Decreto-Ley N° 15.385/44, modificado por la Ley N° 23.554 y sus normas complementarias”, y la cual “deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de dicha normativa”.

La iniciativa sigue teniendo fuertes resistencias entre opositores y aliados. Incluso, la UCR, como Comité Nacional, emitió un documento en rechazo del proyecto e instruyó a sus senadores a votar en contra. De hecho, se espera que el bloque que conduce el correntino Eduardo Vischi vote dividido. De los diez integrantes que tiene, Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger confirmaron que no acompañarán el texto.

En tanto desde el bloque justicialista, alertan de lo peligroso que es que se apruebe el texto en el recinto. El espacio que preside el formoseño José Mayans está en contra del proyecto.

“Todos los países protegen su territorio. La Ley de Tierras (aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández) pone límites razonables a la venta de tierras a extranjeros. En un mundo que compite por los recursos estratégicos, este proyecto significa entregarlos a los megamillonarios, fondos especulativos y potencias extranjeras”, manifestó el senador Eduardo “Wado” de Pedro.

Por otro lado, existen dudas de cómo van a votar los senadores de Misiones cuyo espacio político está atravesando una crisis interna en la provincia. Se trata de Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes todavía no anticiparon cómo votarán pese a que algunos diputados, como Oscar Herrera Ahuad, ya expresaron públicamente su rechazo.

Así las cosas, Bullrich espera contar con los 21 integrantes del bloque libertario y los tres representantes del PRO. Además, espera el acompañamiento de los senadores Carlos Espínola, Beatriz Ávila, Flavia Royón y Julieta Corroza. En sus cuentas, también suma a Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, integrantes del bloque Convicción Federal.

Las advertencias sobre los efectos de la ley se multiplican en las distintas provincias que están preparando manifestaciones para el día del tratamiento en el Senado. En Buenos Aires, la CGT y otros organismos sociales, ya anunciaron que expresaron su rechazo en las calles del Congreso.