Las facultades de todo el país permanecen con sus puertas cerradas en un marco de protesta que denuncia el estrangulamiento económico del Poder Ejecutivo y el incumplimiento deliberado de la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por el Poder Legislativo.

La medida de fuerza expone la gravedad del conflicto salarial que atraviesan los trabajadores de la educación superior. Según sostienen los gremios, la pérdida de poder adquisitivo acumulada bajo la actual gestión supera el 50%, mientras que los magros acuerdos alcanzados resultan insuficientes para amortiguar la inflación. Al respecto, representantes docentes indicaron que la mesa paritaria habilitada en junio apenas permitió recomponer un 21%, dejando una deuda salarial pendiente que sobrepasa el 32% y coloca a miles de educadores en una situación límite.

A la pérdida de los haberes se suma el corte sistemático en los giros destinados al sostenimiento operativo de los establecimientos. Clara Chevalier, secretaria general de la CONADU, alertó ante la prensa sobre la parálisis inminente de las instituciones: «La deuda del gobierno con las universidades crece y pone en riesgo el funcionamiento del sistema, por eso las universidades de todo el país estamos de paro total». La dirigente subrayó que el Ejecutivo no solo desoye la ley aprobada por el Congreso, sino que mantiene congelados los fondos prometidos para gastos básicos de funcionamiento y la atención en los hospitales universitarios.

Desde las distintas federaciones calificaron la adhesión como «casi total», reflejando el malestar generalizado de una comunidad académica que ve amenazada la continuidad de la enseñanza pública y la investigación científica. La parálisis de las aulas funciona así como una contundente demostración de fuerza frente a un Ministerio de Capital Humano que insiste en ignorar las demandas del sector y recortar los recursos esenciales para la infraestructura universitaria.

El conflicto promete escalar en el corto plazo mientras el sistema universitario aguarda la presentación del nuevo Presupuesto nacional. Los sindicatos docentes ya advirtieron que observan con extrema atención las partidas que la Casa Rosada planea asignar para el próximo ejercicio, anticipando que, de no mediar una recomposición salarial urgente y la restitución de los fondos bloqueados, el cuatrimestre continuará signado por la profundización del plan de lucha en las calles.