Agudiez había colocado a varios integrantes de su propio círculo familiar en puestos de trabajo dentro de la Quinta de Olivos: designó como intendente de la residencia a su cuñado, el jardinero Javier Sosa, e incorporó también a primos, a su hermana y a su madre en tareas de mantenimiento, limpieza y administración del predio presidencial.

La situación ya había generado sospechas semanas atrás, cuando la diputada Marcela Pagano denunció una licitación por 700 millones de pesos para el mantenimiento y la jardinería de Olivos, presuntamente direccionada para beneficiar a un contratista al que calificó como "socio" de la ahora ex funcionaria.

Pagano fue más allá y denunció que el entorno de Agudiez habría utilizado a un jubilado de un barrio carenciado, sin bienes ni patrimonio propio, para inscribirlo como proveedor oficial de la Presidencia y facturarle al Estado más de 600 millones de pesos. También sugirió que la estructura y los insumos de la cocina de la residencia presidencial podrían haber sido utilizados para abastecer un emprendimiento de catering privado vinculado a la propia funcionaria.

El desplazamiento de Agudiez llega apenas días después de que el Gobierno anunciara la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y el traslado de toda la responsabilidad sobre la seguridad del predio a la Casa Militar, una decisión que en su momento se presentó públicamente como una medida de seguridad, incluso vinculada por algunos voceros oficialistas a la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.

Aquella reorganización derivó, según fuentes oficiales, en al menos 12 despidos de personal civil -entre jardineros, cocineros y personal de mantenimiento-, reemplazados por efectivos militares, con un plazo de hasta 60 días para completar la transferencia total de responsabilidades y bienes.

La salida de Agudiez, sin embargo, deja en evidencia que la motivación real de la purga excedía largamente lo estrictamente vinculado a la seguridad presidencial. Entre los factores que habrían terminado de convencer a Milei y a su hermana de desplazar a la funcionaria figuran el hartazgo por el uso privado de las instalaciones de la Quinta -donde, según trascendió, se organizaban cumpleaños, asados y otros eventos familiares que interferían con la rutina presidencial- y el descubrimiento de gastos desproporcionados, entre ellos la compra multimillonaria de carne para la residencia.

El episodio de Olivos, en particular, expone una contradicción de fondo para una gestión que hizo de la lucha contra "la casta" y el gasto estatal uno de sus principales estandartes discursivos: la propia residencia presidencial, cuyo cuidado había quedado en manos de una funcionaria de máxima confianza del oficialismo, terminó convertida en el escenario de una trama de nepotismo y sospechas de sobrefacturación que la Casa Rosada debió resolver puertas adentro, lejos de la transparencia que el propio Gobierno reclama para el resto del Estado.