La propuesta apunta a que parte de los recursos generados por transferencias de capital hacia el exterior permanezca dentro del sistema económico argentino.

El ITIC establece una alícuota general del 3% para las operaciones alcanzadas y un adicional de dos puntos cuando el dinero tenga como destino jurisdicciones de baja o nula tributación. El gravamen comprendería salidas mediante divisas, valores negociables y activos virtuales, pero dejaría afuera la tenencia de dólares en el país, el consumo, el ahorro interno, la inversión productiva, las importaciones genuinas y las compras de bonos, CEDEARs o fondos cuyos activos permanezcan en la Argentina.

“Cada dólar, acción o activo digital que se traslada fuera del territorio nacional sin generar inversión, empleo ni valor agregado, representa una pérdida de capacidad soberana”, señala el texto entre sus fundamentos.

La iniciativa plantea así “un mecanismo compensatorio frente a las salidas de capital que deterioran las reservas internacionales, desfinancian al Estado y agravan la desigualdad estructural”. Según las estimaciones incorporadas al proyecto, la recaudación mínima alcanzaría los $2,89 billones.

El esquema contempla que el 60% de lo recaudado se distribuya entre provincias y municipios para infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, vial y de vivienda, además de recomposiciones salariales en salud y educación. El 40% restante se dividiría en partes iguales: 10% para salud y discapacidad, 10% para educación, 10% para jubilaciones y pensiones y 10% para medicamentos y atención médica del PAMI. En sus fundamentos, el proyecto define al ITIC como una herramienta que “no penaliza la inversión ni el comercio legítimo, sino que corrige asimetrías estructurales y resta rentabilidad al arbitraje financiero improductivo”.

Entre los sujetos alcanzados se incluyen personas humanas y jurídicas, sucesiones indivisas, fideicomisos, trusts, fundaciones y otras estructuras análogas, tanto residentes como no residentes, además de los responsables sustitutos previstos para garantizar la percepción del tributo.

El proyecto plantea concentrar el impuesto en la salida de capitales y excluir una serie de operaciones vinculadas al consumo, el ahorro local y la actividad productiva. De acuerdo con la iniciativa, no quedarían alcanzadas la tenencia de dólares que permanezcan en el país, las compras minoristas en el exterior ni las importaciones genuinas, documentadas y trazables.

 la totalidad de la recaudación tendría destinos específicos. El esquema propuesto es:

- 60% para provincias y municipios, destinado a infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, vial y de vivienda, además de recomposición salarial en salud y educación.
- 10% para salud y discapacidad.
- 10% para educación.
- 10% para jubilaciones y pensiones.
- 10% para medicamentos y atención médica del PAMI.

Según las estimaciones incluidas en la presentación del proyecto, la recaudación mínima potencial rondaría los $2,89 billones. Sus impulsores sostienen que esa cifra equivale aproximadamente a diez veces los recursos enviados a las provincias durante 2025 en concepto de transferencias de capital.

La iniciativa deberá iniciar ahora su recorrido parlamentario y ser tratada por las comisiones correspondientes antes de una eventual llegada al recinto de la Cámara de Diputados.

El debate se dará en medio de las diferencias entre el Gobierno nacional y las provincias por la distribución de recursos y de la discusión más amplia sobre la política tributaria. El proyecto de Kirchner propone intervenir en ambos frentes: crear un nuevo gravamen sobre determinadas salidas de capital y asignar el producido principalmente a las jurisdicciones provinciales y municipales y a partidas sociales.