La ofensiva opositora se produce luego de que la Corte revocara el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, que había derogado el artículo 7 de la denominada Ley de Tierras.

El decreto tiene el rechazo con media sanción, y, con esta decisión del máximo tribunal, la oposición busca consensos para rechazarlo definitivamente en Diputados.

Ayer, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaron la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto, el que derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre Tierras Rurales. El máximo tribunal no dijo que esa derogación sea constitucional, sino que fue más estrecho y más explosivo a la vez: que el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación para demandar y que no había "caso o controversia".

La soberanía territorial, argumentaron, no es un bien colectivo al amparo del artículo 43 de la Constitución.

El DNU 70 ya fue rechazado por el Senado a principios del 2024. El rechazo de una sola Cámara no alcanza: hace falta que Diputados también lo rechace para que quede sin efecto. Esa segunda instancia nunca se votó. El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, anticipó que pedirá una sesión especial. Las fechas que circulan es el miércoles 7 o el 14 de octubre. Para abrir el recinto hacen falta 129 presentes. Para tumbar el decreto es necesario mayoría simple de los que estén sentados.

Unión por la Patria aporta el núcleo con 92 diputados. La izquierda suma cinco bancas y ya pidió sesión. A ese arco se sumaría el interbloque Unidos, además de monobloques como Coherencia y Defendamos Córdoba. El PJ, en una reunión de bloque relámpago, empezó a porotear si esos acuerdos alcanzan. Elisa Carrió, según trascendidos legislativos, también se despachó contra el mega decreto después del fallo. Por ahora, el PRO y el bloque de la UCR especulan con el ingreso del pedido de sesión para tomar una decisión al respecto. 

El DNU 70/23 tocó alquileres, prepagas, trabajo, fútbol, Estado y un paquete de más de 300 normas. Por eso el oficialismo se alarmó: una derogación total no deja en pie solo el capítulo rural. Deja en el aire el andamiaje desregulatorio con el que Milei arrancó el Gobierno. Hasta se especuló en la Casa Rosada con la posibilidad de reflotar el debate sobre la Ley de Tierras para que quede despejada la presión sobre el mega decreto del inicio del mandato.

En ese clima, Miguel Ángel Pichetto ofreció hoy una salida al Gobierno a través de su cuenta de X. "Si el Gobierno quiere defender la soberanía, que lo demuestre: que incluya en la Ley de Soberanía el restablecimiento de la Ley de Tierras y deje sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23. No se puede hablar de soberanía y dejar abierta la venta de tierras a cualquier extranjero, sin límite", escribió. En el Gobierno lo analizan como una salida decorosa a la incipiente crisis que generó el fallo de la Corte. Le da al Ejecutivo una diagonal: salvar el resto del decreto, recomponer el límite a la extranjerización y empujar al mismo tiempo el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, el que el oficialismo quiere mostrar como bandera. 

El cruc se metió en el plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, convocado este miércoles para empezar a tratar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Juan Grabois se trenzó hoy con los libertarios, acusó al oficialismo de tener "la Corte comprada" y apuntó contra Jairo Guzmán y Gerardo Milman: "vendidos", "coimeros", "faloperos". Cuando Carlos Zapata, presidente de Defensa, le cortó el micrófono, Grabois le gritó "deja de cortarme el micrófono, facho de mierda". Antes, Guzmán había interrumpido a Bregman. "Cierren el orto y dejen hablar a la gente", disparó Grabois. Los presidentes de comisión levantaron la reunión. Unión por la Patria denunció "mecánica autoritaria" en el plenario de hoy.