La presentación ingresó el 2 de octubre y quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 24, a cargo de Guillermo Mario Pesaresi.

La compañía acumuló deudas y reclamos por más de 4.000 millones de pesos, una cifra que podría acercarse a los 4.600 millones con intereses y costas judiciales. Además, mantiene compromisos con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Intercargo, proveedores de combustible, arrendadores de aeronaves y talleres de mantenimiento, junto con reclamos laborales y pedidos de reintegro de pasajeros afectados por cancelaciones y reprogramaciones.

La crisis también quedó atravesada por la disputa entre sus accionistas. COC Global, fondo que ingresó en mayo de 2025 con un aporte superior a los 70 millones de dólares, responsabilizó parcialmente por la situación a los embargos dispuestos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que, según sostuvo, limitaron “severamente” la capacidad de la empresa para realizar pagos. El fondo también cuestionó a Cartesian Capital Group, accionista histórico de la aerolínea, por la falta de respuestas frente a los pedidos de normalización financiera y operativa.

Los números de la Administración Nacional de Aviación Civil reflejaron la dimensión del derrumbe. En agosto de 2025, Flybondi transportó 254.533 pasajeros de cabotaje y concentró el 17% del mercado doméstico. Un año más tarde movilizó apenas 1.865 personas y su participación cayó al 0,1%. El concurso preventivo abrió así una instancia decisiva para determinar si la compañía logra acordar con sus acreedores y continuar operando o si la crisis deriva en un escenario todavía más crítico.