La denuncia se debe al presunto incumplimiento de la medida cautelar que ordena aplicar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que actualiza los salarios y fondos del sector en la misma proporción de la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

Hoy denuncié penalmente a Milei y Caputo por no aplicar la ley de financiamiento universitario. La consecuencia es esta grilla salarial de miseria. El cargo testigo (ayudante de primera con dedicación semi exclusiva) gana solo $ 561.659. Por eso es tan importante movilizarnos para que se cumpla la ley de financiamiento universitario

— Gabriel Solano (@Solanopo) October 14, 2026

En ese sentido, Solano indicó que «La Justicia ordenó aplicar la ley y recomponer los salarios, pero este gobierno autocrático desconoce las resoluciones judiciales para ahogar a las universidades.» «¡La universidad pública no se toca!», lanzó.

El documento judicial de Solano indica que el Poder Ejecutivo vetó la ley, el Congreso la impuso con mayoría calificada, y luego el Gobierno eludió su aplicación cuando, al promulgarla, la suspendió en el mismo acto mediante el Decreto 759/2025 «hasta tanto el H. Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere”.

En ese marco, el pasado 6 de octubre el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la disposición de dicho decreto que condicionaba la ejecución de la norma y ordenó su cumplimiento inmediato. En ese sentido, la denuncia solicita investigar a Milei, a Caputo y a cualquier otro funcionario público que pudiera haber intervenido en el presunto incumplimiento de la medida cautelar.