Hoy no alcanza con hablar de inclusión, derechos y respeto. Hay que demostrarlo con hechos.
En la Argentina, las personas con discapacidad están atravesando una realidad que exige respuestas urgentes. Frente a un Gobierno nacional que prioriza el ajuste, no podemos permanecer en silencio cuando se debilitan las políticas de protección, se pierde poder adquisitivo y se pone en riesgo la dignidad de quienes necesitan del acompañamiento del Estado.
La discapacidad no es un privilegio. Las pensiones, las prestaciones, la accesibilidad y la atención adecuada no son favores: son derechos conquistados que deben respetarse y garantizarse.

Un Estado que le da la espalda a las personas con discapacidad es un Estado que abandona a quienes más necesitan que sus derechos sean defendidos.
No hay verdadera libertad si no existen igualdad de oportunidades, autonomía y dignidad. No hay justicia social cuando las familias deben luchar todos los días para acceder a lo que les corresponde.

Hoy, más que nunca, alzamos la voz por las personas ciegas y con discapacidad visual, por sus familias y por todas las personas con discapacidad que merecen vivir con dignidad, independencia y pleno ejercicio de sus derechos.
La inclusión no se declama: se garantiza. Los derechos no se ajustan. La dignidad no se negocia.
Porque una sociedad que deja a alguien atrás no puede llamarse justa.