Desde febrero, los empleados realizan un acampe en las instalaciones de la planta en reclamo de sus fuentes laborales tras el cierre anunciado por la compañía, que alegó una crisis. Esta decisión se suma a la que en abril dispuso el pago de $500 millones por tres quincenas adeudadas entre febrero y marzo.

FATE fue embargada en abril por cerca de $3.000 millones ($2.600 millones por el reclamo y $300 millones por las costas del juicio) por el presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria y del pago de sueldos de 920 trabajadores despedidos tras el cierre de la fábrica de San Fernando el 18 de febrero pasado.

Acampe en San Fernando

La empresa de la familia Madanes Quintanilla -también propietarios de Aluar- no hizo comentarios sobre el fallo. FATE dejó de pagar los haberes cuando cerró su establecimiento el 18 de febrero. El argumento de la compañía es que solo quedan 243 empleados sin llegar a un arreglo y que el embargo judicial no es procedente.

El fallo del viernes pasado no incluye a los trabajadores que firmaron los retiros voluntarios, pero el sindicato busca incorporarlos al reclamo, alegando que los acuerdos fueron bajo una situación de "extorsión económica" y con la fábrica cerrada. También se propone el pago de los sueldos posteriores a junio y desconocer los despidos por el aparente incumplimiento del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).

Por el conflicto, ya hubo dos medidas de desalojos dictadas en los últimos meses. La última fue adoptada el 17 de septiembre por la Cámara de Apelaciones de San Isidro, pero hace tres semanas fue revertida por el tribunal de la Sala II de garantías, mientras se discute la cuestión de fondo.