El juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei en la denominada causa $Libra, que investiga una presunta estafa con criptomonedas y posibles delitos económicos vinculados al lanzamiento y promoción de ese token. El magistrado descartó los tres delitos de los que estaban acusados: estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

La decisión del juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 incluye también a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y al empresario estadounidense Hayden Mark Davis.

También a Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

En conclusión, el juez Martínez de Giorgi resolvió sobreseer definitivamente a los once imputados.

Los motivos

En su fallo, y en consonancia con la fiscalía, el juez Martínez de Giorgi descartó los tres delitos que involucraban a los once acusados: estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

En cuanto al delito de estafa, concluyó que no existió un engaño importante en el ámbito penal. Señaló que el token $Libra operó dentro del mercado especulativo y volátil de las criptomonedas, sin que se garantizaran rentabilidades ni se demostrara una maniobra fraudulenta preconcebida atribuible a los imputados, sumado a que la caída de su cotización por sí sola no configura el delito de estafa.

Sobre el abuso de autoridad y negociaciones incompatibles, en lo que refiere a Milei se determinó que la difusión del proyecto a través de su cuenta personal de la red social X no constituyó un acto institucional y tampoco implicó el uso de recursos públicos.

La Oficina Anticorrupción ya había descartado violaciones a la Ley de Ética Pública y no se encontraron acuerdos confidenciales ni contratos estatales que relacionen la función pública con la iniciativa privada.

Acerca del tráfico de Influencias, en cuanto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, las pruebas y peritajes sobre dispositivos electrónicos (DATIP) no lograron confirmar la existencia de pagos de dinero o dádivas a cambio de facilitar reuniones con empresarios extranjeros, como Hayden Davis o Julian Peh.

A su vez, las referencias en notas digitales sin firmar o menciones periodísticas no constituyeron una prueba objetiva de un intercambio ilícito.

De acuerdo a la resolución, Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó el archivo de la causa. La primera señal de que el juez sepultaría la causa se produjo cuando la justicia sacó del expediente a los querellantes. El juez había tomado esa decisión que ratificó la Cámara Federal poco antes de que el oficialismo aprobara el pliego de su esposa para acceder a un cargo de jueza.