Desde su implementación, en marzo de 2024, el adicional no recibió ningún aumento, pese a que los precios al consumidor acumularon una suba superior al 159% hasta el último registro del INDEC. Como consecuencia, el bono perdió el 70% de su capacidad de compra original y quedó cada vez más relegado frente al avance de la inflación.

Los $70.000 que se pagan actualmente deberían llegar a $231.253 para recuperar el mismo valor que tenían cuando comenzó a entregarse. La diferencia es de $161.253 por mes para cada beneficiario de la mínima, una brecha que refleja cuánto se deterioró el refuerzo durante los 32 meses en los que permaneció sin cambios.

La licuación también redujo drásticamente el peso del bono dentro de los ingresos previsionales. En marzo de 2024 representaba el 34,2% de lo que cobraba en total un jubilado de la mínima. Para noviembre de 2026, en cambio, equivale apenas al 13,6% del ingreso, luego de que el haber base subiera a $444.158,46 por la actualización mensual.

Así, un jubilado que cobra la mínima percibirá en noviembre un total bruto de $514.158,46, entre el haber y el bono. Aunque la jubilación base se ajusta mensualmente según la inflación de dos meses atrás, el adicional permanece estancado en $70.000 y no acompaña ni la evolución de los precios ni la de los propios haberes.

El deterioro se produce sobre una escala previsional cuyos ingresos continúan en el límite o por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) que mide el INDEC. Los reclamos judiciales y los informes del sector advierten que el congelamiento profundiza la pérdida de poder adquisitivo de millones de jubilados y pensionados, mientras el refuerzo estatal pierde capacidad para funcionar como herramienta de contención.