El derrumbe de Ueno Bank representa un golpe particularmente sensible para el sistema financiero paraguayo. La entidad había experimentado una expansión acelerada mediante una estrategia de apertura simplificada de cuentas, que le permitió incorporar a sectores tradicionalmente excluidos de los servicios bancarios. Entre sus clientes se encuentran jubilados, trabajadores de bajos ingresos y pequeños emprendedores que utilizaban sus plataformas digitales para cobrar ingresos, realizar transferencias y administrar sus actividades comerciales.

La decisión del Banco Central del Paraguay, adoptada el lunes 2 de noviembre, implicó la interrupción de todos los servicios de la entidad. Los clientes perdieron la posibilidad de utilizar sus tarjetas, retirar efectivo, efectuar transferencias o acceder a sus depósitos. La imposibilidad de disponer del dinero generó una demanda extraordinaria de apertura de cuentas en otras instituciones financieras, cuyos sistemas comenzaron a experimentar dificultades ante la llegada masiva de nuevos usuarios.

El Banco Central de Paraguay (BCP) dispuso este martes la intervención de Ueno Bank, uno de los más importantes del país, tras comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 por ciento del mínimo exigido por la regulación local.

Esto motivó una crisis, ante el temor de que otras entidades puedan tener problemas similares, y derivó en la salida del titular del BCP, Carlos Carvallo, por expreso pedido de Peña, quien ya designó en su lugar a Pedro De Jesús Acosta.

Una de las cuestiones que tiene en vilo a los clientes del banco es saber qué pasará con sus ahorros, ya que el Fondo de Garantías de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos, es decir, 228,3 millones de guaraníes, unos 38.300 dólares.

Las irregularidades obligaron a introducir correcciones contables superiores a 1,6 billones de guaraníes. A esto se sumó la imposibilidad de recomponer encajes obligatorios por 70 millones de dólares. El cuadro derivó en la resolución de la entidad y en la detención de su CEO, Miguel Vázquez, mientras avanzan las investigaciones sobre las responsabilidades empresariales.

El Banco Central anunció un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes por persona, aproximadamente 1.675 dólares. El resto de los depósitos garantizados deberá devolverse mediante un cronograma oficial. La legislación establece un plazo inicial de 15 días corridos desde la resolución, prorrogable por otros 15. Quienes superen el límite de cobertura dependerán del resultado del proceso de recuperación y transferencia de activos.

La experiencia paraguaya exhibe los riesgos de una expansión financiera acelerada cuando los controles resultan insuficientes.